Miles de empleados se encuentran en una situación de incertidumbre económica debido al cierre del Gobierno federal de EE.UU., mientras que otros continúan recibiendo sus salarios sin interrupciones.
En periodos de cambios políticos y económicos, la clausura provisional de las agencias federales representa un reto considerable para una gran cantidad de trabajadores del sector público. Mientras que ciertos individuos percibirán su remuneración puntualmente, otros enfrentarán una coyuntura más complicada. Seguidamente, analizaremos quiénes tienen derecho a recibir su salario y quiénes no en estas eventualidades, con el fin de esclarecer una cuestión que impacta tanto a los hogares como al panorama económico global.
¿Quiénes siguen cobrando durante el cierre?
Los trabajadores considerados “esenciales” o “exentos” continúan prestando servicios durante un cierre del Gobierno federal y, por lo tanto, siguen recibiendo sus pagos. Estas personas trabajan en áreas críticas como seguridad nacional, salud pública, control de desastres, gestión de fronteras y otras funciones que no pueden interrumpirse sin riesgo para la sociedad. Por ejemplo, agentes de la patrulla fronteriza, empleados de hospitales militares y personal de monitoreo de pandemias entran en esta categoría. Su labor se considera indispensable y se les exige presentarse incluso cuando no hay presupuesto aprobado para su agencia.
Asimismo, los contratistas federales que ofrecen servicios fundamentales podrían figurar entre aquellos que continúan recibiendo su remuneración, siempre y cuando su labor esté contemplada en el contrato bajo cláusulas de emergencia o de continuidad de las operaciones. En tales situaciones, se asegura el abono instantáneo, sin necesidad de aguardar la restauración del presupuesto.
¿Qué sucede con los empleados “no esenciales”?
Los empleados federales cuyas responsabilidades no son críticas, conocidos como “no esenciales” o “no exentos”, a diferencia de aquellos considerados fundamentales, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) si ocurre un cierre. Bajo esta circunstancia, sus ingresos se interrumpen hasta que la financiación de su entidad sea restaurada. Por ejemplo, el personal de áreas administrativas que no interactúa directamente con situaciones de emergencia o servicios vitales, generalmente se encuentra en esta posición.
Mientras se encuentran en un estado de suspensión, estos empleados no llevan a cabo sus funciones laborales, si bien en muchos casos siguen siendo considerados «empleados» desde una perspectiva legal. No perciben remuneración por las horas no trabajadas, y la reactivación de su sueldo está condicionada a que el Congreso apruebe nuevamente los fondos. En ocasiones se han dado autorizaciones salariales con carácter retroactivo, pero esto no es una garantía ni ocurre de forma automática.
¿Y los contratistas no esenciales?
Los contratistas que no ofrecen servicios esenciales enfrentan una mayor vulnerabilidad. Si la agencia federal para la que trabajan no está recibiendo presupuesto, el contrato puede paralizarse. Aunque hay mecanismos que permiten que algunos reciban pago retroactivo una vez que se restablezca el financiamiento, el cobro inmediato no está asegurado. Por tanto, su situación es más incierta que la de los empleados federales directos designados como “esenciales”.
Consecuencias económicas y personales del cese de actividades
Un cierre gubernamental no solo detiene la labor de ciertas agencias, sino que también genera repercusiones directas en los hogares de trabajadores, en las comunidades donde se prestan los servicios y en la economía nacional. Para los empleados que corrigen su salario sin interrupción, la continuidad implica tranquilidad financiera. Sin embargo, para aquellos en suspensión, la falta de ingresos puede derivar en presiones para cumplir con hipotecas, pagos de auto, educación o atención médica.
Las empresas que dependen del gasto federal —por ejemplo, en zonas donde el Gobierno es un empleador importante— también sufren al disminuir drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores suspendidos. Esto puede generar una cadena de efectos: menos consumo, menor actividad comercial, retrasos en proyectos claves, y un impacto macroeconómico que puede crecer si el cierre se prolonga.
Consideraciones adicionales y como prepararse
Frente a la eventualidad de un cierre, tanto trabajadores como contratistas y sus familias pueden tomar medidas preventivas para reducir sus efectos. Disponer de un fondo de contingencia que cubra entre tres y seis meses de gastos es fundamental. Es importante examinar los acuerdos de servicio para determinar si la labor se considera esencial, lo que podría influir en la continuidad de los ingresos. Además, seguir de cerca las resoluciones del Congreso y del Ejecutivo en materia de financiación es crucial para prever una pronta reactivación de los pagos o la implementación de ayudas con carácter retroactivo.